Aviso legal

Última actualización: 1 de octubre de 2026

1. Titular del portal

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), se informa de los datos del titular de este portal:

2. Objeto y acceso

El Buscador de subvenciones es una herramienta profesional para asesorías y consultoras. Permite consultar fichas de convocatorias de ayudas públicas, cruzarlas con la cartera de clientes de cada despacho y hacer el seguimiento de los expedientes.

El acceso está restringido a los usuarios que da de alta cada organización cliente. Las páginas públicas son las de información legal y los formularios a los que se llega mediante un enlace privado enviado por una asesoría.

3. Condiciones de uso

• Las credenciales de acceso son personales. Cada usuario es responsable de custodiarlas y de no compartirlas.
• El portal debe usarse de forma lícita y conforme a su finalidad profesional. No está permitido intentar acceder a datos de otras organizaciones, alterar el funcionamiento del servicio ni extraer información de forma masiva o automatizada.
• Cada organización es responsable de los datos de sus clientes que introduce en el portal y de contar con una base legítima para tratarlos.

4. Carácter de la información sobre ayudas

Las fichas de convocatorias son resúmenes elaborados por el portal a partir de los textos oficiales. Los cruces con la cartera, los importes estimados y los avisos se calculan de forma automática con los datos introducidos por cada organización.

5. Origen de los datos públicos

Parte de la información procede del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas y de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), y se reutiliza conforme a la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y a las condiciones generales de reutilización de ese portal. En consecuencia:

• Se cita la fuente: «Origen de los datos: Intervención General de la Administración del Estado», junto con la fecha de actualización de cada ficha o consulta.
• No se desnaturaliza el sentido de la información. Las fichas resumen y ordenan los datos oficiales y enlazan con la consulta oficial.
• La Intervención General de la Administración del Estado no participa, patrocina ni apoya este portal ni la reutilización que se hace de sus datos.
• De las concesiones publicadas, el portal muestra solo las otorgadas a entidades. Las concedidas a personas físicas se omiten y solo se cuentan. Esta información se ofrece con fines de control y transparencia.

Otras fichas, como las líneas permanentes del CDTI o ENISA, la tarifa plana de autónomos o los beneficios fiscales, se elaboran a partir de las fuentes oficiales que cita cada una: Boletín Oficial del Estado y webs de los organismos.

6. Propiedad intelectual e industrial

El software, el diseño, los textos propios y la marca del portal pertenecen a su titular o se usan con licencia. Los textos normativos y los datos públicos pertenecen a sus autores y se reutilizan en los términos indicados en el apartado anterior. Los informes que cada organización genera con el portal pueden ser usados libremente por ella en su actividad profesional.

7. Responsabilidad

El titular procura que la información esté actualizada y que el servicio funcione sin interrupciones, pero no puede garantizarlo en todo momento. No responde de los daños derivados de decisiones tomadas solo a partir de la información orientativa del portal, sin contrastarla con los textos oficiales, ni de los contenidos de las webs externas a las que enlaza.

8. Protección de datos

El tratamiento de datos personales se explica en la política de privacidad. Cuando una asesoría introduce datos de sus clientes, la asesoría es la responsable del tratamiento y el titular del portal actúa como encargado, con un contrato de encargo del tratamiento conforme al artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos.

9. Legislación aplicable y jurisdicción

Este aviso legal se rige por la legislación española. Para cualquier controversia, las partes se someten a los juzgados y tribunales del domicilio del titular, salvo que la normativa aplicable disponga otro fuero.